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Presidente de Ecuador enfrenta su primera crisis por arremetida del narco
Secuestros de policías, dos capos fugados de prisión, motines en las cárceles y ataques con explosivos en las calles: el narco pone en jaque al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su primera crisis tras asumir el poder en noviembre.
Desde hace dos días el país sudamericano vive noches de terror. Siete policías fueron secuestrados en medio del estado de excepción ordenado por el gobierno el lunes ante un estallido de violencia ligado al narcotráfico.
"Son días sumamente difíciles porque (...) la decisión importante es enfrentar estas amenazas con características terroristas de manera frontal", aseguró el secretario de Comunicación del gobierno, Roberto Izurieta, en entrevista con el canal digital Visionarias.
La fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias "Fito", jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros, detonó la crisis el domingo. Este martes, las autoridades informaron del huída de otro líder narco: Fabricio Colón Pico, uno de los dirigentes de Los Lobos, detenido el viernes por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general.
Según autoridades, siete policías fueron secuestrados en Machala (suroeste), Quito y en la Provincia de Los Ríos (suroeste). También se registraron explosiones contra una estación policial, la vivienda del presidente de la Corte Nacional y vehículos incendiados. No hay reportes de muertos ni heridos.
Noboa, de 36 años, es el presidente más joven de Ecuador y que llegó al poder con la promesa de atacar con mano dura a los grupos narcos, vinculados a carteles colombianos y mexicanos.
En un video no verificado difundido en redes sociales aparecen tres agentes sentados en el piso. Uno de ellos es obligado a leer un mensaje dirigido al presidente: "Declaraste la guerra y guerra vas a tener (...) Declaraste estado de excepción; nosotros declaramos botín de guerra a policías, civiles y militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las once de la noche será ejecutado".
El estado de excepción rige por 60 días en todo el país, incluidas las cárceles. La medida incluye un toque de queda de seis horas, entre las 23H00 y 05H00 locales (04H00 y 10H00 GMT).
- "No vamos a negociar" -
Policías y militares buscan desde el domingo a Fito, quien cumplía una pena de 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste) por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Los Choneros se disputan con otra veintena de bandas las rutas del tráfico de drogas en una guerra que desangra al país.
La Fiscalía imputó cargos contra dos funcionarios penitenciarios por su presunta responsabilidad en la fuga del criminal de 44 años, quien obtuvo el título de abogado en prisión.
La sede presidencial y estaciones del metro en Quito están militarizadas.
La declaratoria de emergencia permite a las Fuerzas Armadas intervenir en el sistema penitenciario, en el que el lunes se registró la retención de una cantidad indeterminada de guardias, sin que el organismo que lo administra (SNAI) indicara si fueron liberados.
"Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverles la paz a los ecuatorianos", advirtió Noboa en un video a través de su cuenta de Instagram.
El gobernante atribuyó la arremetida en las cárceles como una represalia por sus acciones para "recuperar el control" oficial de los reclusorios.
Noboa anunció la semana pasada que construirá dos prisiones de máxima seguridad en las provincias de Pastaza (este) y Santa Elena (suroeste), al estilo de las construidas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas.
- Crisis "sin precedentes" -
Los secuestros de policías se sumaron a actos violentos en la costera Esmeraldas (noroeste y cerca de la frontera con Colombia), una de las provincias ecuatorianas controladas por mafias.
Varios personas arrojaron un artefacto explosivo cerca de una estación policial y dos vehículos fueron quemados en otros lugares, sin dejar víctimas.
En Quito también se reportó el estallido de un auto y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal. Su alcalde, Pabel Muñoz, pidió al Ejecutivo la "militarización" de instalaciones estratégicas ante la "crisis de seguridad sin precedentes".
Desde 2021 los choques entre presos dejan más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800% al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.
A. Madsen--BTZ
