Concurso de acreedores deja a los trabajadores de Tubos Reunidos en la incertidumbre sobre su nómina
La decisión judicial de abrir la fase de liquidación en las sociedades de Tubos Reunidos ha profundizado la incertidumbre laboral en Amurrio, Nanclares y Trapagaran. Los trabajadores desconocen si cobrarán su siguiente nómina mientras los sindicatos presionan al Gobierno Vasco y a la SEPI para facilitar la entrada de un comprador industrial que garantice el empleo.
La apertura judicial de la fase de liquidación de las sociedades que gestionan las tres plantas de Tubos Reunidos ha situado a los casi 1.400 trabajadores de Amurrio, Nanclares (Araba) y Trapagaran (Bizkaia) en una situación de extrema incertidumbre económica y laboral. Con la decisión tomada el pasado 11 de noviembre, la plantilla se enfrenta al riesgo inmediato de no cobrar su próxima nómina, mientras continúa el proceso de búsqueda de un comprador para las instalaciones productivas. El comité de empresa ha intensificado sus reclamos exigiendo transparencia en las negociaciones, garantías firmes para mantener los puestos de trabajo y una mayor implicación institucional, especialmente del Gobierno Vasco y del Ejecutivo estatal, para modificar la postura de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) respecto a la deuda de la compañía.
La incertidumbre sobre el cobro de los salarios se ha convertido en una preocupación diaria para la plantilla. Gorka Abascal, representante sindical de ESK en Amurrio, señaló que, aunque en esa localidad la situación es "algo más tranquila" en términos de actividad productiva, la falta de información financiera genera ansiedad. "Este mes tenemos una reunión el día 2 de diciembre sin saber si la nómina de ese mes lo vamos a cobrar", afirmó Abascal. Ante esta realidad, los sindicatos han solicitado que la administración concursal informe con antelación sobre cualquier problema de tesorería para permitir a los trabajadores organizar su economía doméstica. "Hemos pasado por mucho y estamos a punto de cumplir un año del inicio de todo esto", recordó el representante sindical, destacando que la plantilla lleva demasiado tiempo atrapada en una espiral de deuda y amenaza de despidos que parece no tener fin.
El origen inmediato de esta crisis se remonta a enero, cuando la dirección de Tubos Reunidos anunció una reestructuración de la plantilla, seguida en febrero por la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que inicialmente contemplaba 301 despidos. La empresa justificó estas medidas por causas económicas y productivas, citando la deuda acumulada, el encarecimiento de los costes operativos y las dificultades del mercado estadounidense derivadas de los aranceles al acero impuestos por la administración de Donald Trump. Sin embargo, el plan de la dirección no se limitaba a la reducción de personal; incluía el cierre progresivo de la acería con horizonte en 2027 y la externalización de departamentos clave como logística, mantenimiento y parte de los procesos de elaboración de palanquilla y lingote.
Para los sindicatos, esta propuesta supuso una amenaza existencial para la viabilidad industrial de la empresa. Mikel Paños, representante de CCOO, advirtió que el cierre de la acería era "muy mala noticia" porque resulta casi imposible volver a abrirla, lo que dejaría a Tubos Reunidos dependiente de proveedores externos. Pedro Cano, de CNT, cuestionó la lógica del plan: "Con el cierre de la acería y la externalización, ¿qué quieren decir? ¿Que no va a buscar pedidos grandes? Porque con la acería podemos realizar un pedido sobre un tubo en concreto". La respuesta de la plantilla fue inmediata, iniciando desde febrero paros parciales y totales, jornadas de 24 horas y concentraciones ante las fábricas.
El conflicto adquirió una dimensión comarcal significativa, movilizando a Aiaraldea, una zona ya afectada por procesos anteriores de desindustrialización. Trabajadores de otras empresas locales, como Maderas de Llodio, se sumaron a las protestas denunciando que los despidos no eran un problema aislado, sino una amenaza para el tejido industrial de la región. La negociación del ERE finalizó sin acuerdo el 9 de marzo, tras lo cual se declaró una huelga indefinida que se prolongó hasta mediados de mayo. Durante casi 90 días de movilizaciones, la producción en Amurrio permaneció prácticamente paralizada.
La huelga se desconvocó a mediados de mayo tras una consulta a la plantilla, con la mayoría sindical entendiendo que el conflicto debía trasladarse al procedimiento concursal. No obstante, CNT mantuvo su postura crítica, argumentando que no se debían levantar las presiones sin garantías sobre el futuro de las instalaciones. "No hablo de tener una huelga indefinida, pero sí mantener la presión, puesto que teníamos tres fábricas cerradas y era una oportunidad para aprovechar todas las herramientas que teníamos para que se retirara el ERE", explicó Cano.
La crisis ha reabierto el debate sobre la gestión empresarial de los últimos años. Desde ESK se recuerda que la deuda de Tubos Reunidos pasó de unos 30 millones a alrededor de 200 millones en 2007 tras una operación fallida para adquirir el grupo Condesa. A ello se sumaron diez regulaciones de empleo en siete años y una deuda que la propia compañía situaba en 263 millones de euros al cierre de 2025. Los sindicatos cuestionan que, tras múltiples ajustes, la dirección planteara nuevos recortes mientras la compañía seguía repartiendo dividendos, citando un reparto de 170 millones de euros a accionistas en 2008 según ELA.
Un punto central de fricción es la deuda con la SEPI. En 2021, el organismo público prestó a Tubos Reunidos 112,8 millones de euros, con vencimiento en 2028. Tanto este crédito como el del BBVA han sido clasificados como deuda subordinada. Aunque esta clasificación permitiría priorizar obligaciones como el pago de nóminas, no ha resuelto el desacuerdo sobre las condiciones de la venta. La SEPI ha exigido que el comprador se comprometa a pagar su deuda, una condición que la administración concursal considera que ahuyentaría a los posibles inversores al implicar asumir 150 millones (de los cerca de 300 millones totales). Además, la posibilidad de una quita parcial o total ha sido trasladada a Bruselas, ya que los fondos europeos respaldan el crédito, lo que retrasa aún más la resolución.
Mikel Paños subrayó la necesidad de un cambio de postura institucional: "Necesitamos implicación desde las instituciones para lograr un cambio de postura de la SEPI en cuanto a la deuda que acarrea la empresa porque, de no ser así, será difícil que se solucione y se mantengan los puestos de empleo". Gorka Abascal añadió que, aunque se dice que se hace "todo lo posible", la plantilla no ha recibido interlocución directa con el Ejecutivo estatal ni respuestas a las solicitudes de reunión con la SEPI o Hacienda.
El proceso de venta ha generado desconfianza entre los sindicatos. Aunque 14 empresas han mostrado interés, la administración concursal seleccionó cinco ofertas para la siguiente fase. CNT expresa dudas sobre la experiencia industrial de algunos compradores, como el fondo británico Cap Capital, que tiene intención de prescindir de la planta de Nanclares. "Ahí se hacen las roscas de los tubos, que están homologadas, que cuesta mucho dinero, a ver cómo lo hacen", advirtió Cano, temiendo que detrás de algunas ofertas haya operaciones de compra-venta de activos más que proyectos industriales sostenibles.
La preocupación se concentra especialmente en Nanclares, con unos 60 trabajadores. La administración concursal ha planteado un ERE de extinción para su plantilla, rechazado por los sindicatos, o un ERTE de dos meses como alternativa. Abascal denunció que parece haber un "juego macabro" donde se prefiere el cierre antes que un ERE con garantías, y temió que Nanclares termine siendo la instalación sacrificada en la operación.
En contraste, en Amurrio la actividad continúa y han comenzado a entrar nuevos pedidos, algunos destinados al mercado estadounidense. Esta circunstancia contradice parte de los argumentos utilizados por la dirección para justificar el deterioro. "Y trabajo tenemos, eh, que estamos empezando a hacer pedidos a EEUU, en contra de lo que la dirección decía por los aranceles, curiosamente", comentó Abascal, recordando que las ventas en Estados Unidos crecieron un 22,1% en 2025 y el negocio total un 13%.
La apertura de la fase de liquidación el 11 de noviembre afecta a Tubos Reunidos Group (Amurrio y Trapagaran) y a Tubos Reunidos Premium Threads (Nanclares). PKF Attest asume las funciones de gestión. Aunque no implica el cierre automático, la decisión judicial agrava la posición de la plantilla ante la falta de información sobre las condiciones de los posibles compradores. Abascal criticó la falta de transparencia e intuyó que se estaría "poniendo todo en bandeja para alguien concreto", mencionando que el Gobierno Vasco había defendido la entrada de un comprador vasco, como José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo.
Los sindicatos también alertan sobre cambios laborales potenciales, como la externalización del servicio médico a Quirón y la definición pendiente de las horas extra acumuladas. "Tenemos que pelear contra la idea de que todo vale para salvar Tubos, que es un mal menor cómo salgan la fábrica", denunció Cano. La próxima reunión está prevista para el 2 de diciembre, pero los trabajadores llegan sin saber qué ofertas siguen adelante ni qué garantías se exigirán. La exigencia central sigue siendo que la salida a la crisis no se construya a costa de los puestos de trabajo y los derechos de quienes han sostenido la actividad de Tubos Reunidos.
D. Fjodorow--BTZ