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El Tribunal Constitucional español acerca el regreso del independentista catalán Puigdemont / Foto: © AFP/Archivos
El Tribunal Constitucional español acerca el regreso del independentista catalán Puigdemont
El Tribunal Constitucional español se mostró favorable este martes a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Parlamento al delito de malversación, lo que abriría la puerta para un regreso próximo del líder independentista catalán Carles Puigdemont.
Entonces presidente de esta región del noreste de España, Puigdemont marchó a Bélgica pocos días después de que el Parlamento catalán declarara infructuosamente la independencia en octubre de 2017, con lo que evitó ser arrestado como otros miembros de su gobierno.
Aunque la amnistía para los impulsores de la tentativa de secesión fue aprobada hace dos años, Puigdemont y otros dirigentes independentistas aún no pudieron beneficiarse de ella porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.
Por ello, recurrieron entonces ante el Tribunal Constitucional (TC), que este martes inició sus reuniones sobre el tema.
La mayoría de los magistrados del tribunal se mostraron favorables a amnistiar el delito de malversación, uno de los que se imputa a Puigdemont por supuestamente haber financiado con fondos públicos un referéndum de secesión.
Según el tribunal, sus magistrados aprobaron discutir un texto en este sentido en su próxima reunión prevista el 6 de octubre.
Una vez el pleno apruebe ese texto, como parece probable, el magistrado instructor podría retirar la orden de detención que todavía pesa sobre el exdirigente catalán.
Puigdemont, que a diferencia de otros líderes indepedentistas no fue juzgado ni encarcelado en España, tendría la puerta abierta a volver al país en el que, desde su marcha, solo estuvo unas horas durante un fugaz regreso en 2024.
La ley de amnistía, profundamente divisiva y muy criticada por la oposición de derecha, fue aprobada definitivamente por el Parlamento español en mayo de 2024.
La medida fue la moneda de cambio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno a finales de 2023, gracias al necesario apoyo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont.
El Supremo consideró, sin embargo, que la ley no era aplicable a los investigados por malversación y frenó hasta ahora el regreso de Puigdemont, uno de los grandes iconos de la crisis institucional desatada en España durante la escalada separatista.
En julio, la justicia europea avaló la polémica ley, que definió como un instrumento que "busca reducir las tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".
I. Johansson--BTZ
