Berliner Tageszeitung - Nueva multa para Glovo en España por incumplir la legislación laboral

Con esta nueva multa asciende ya a 205 millones de euros (unos 222 millones de dólares) el total de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo española a la plataforma, propiedad desde hace unos meses del grupo alemán Delivery Hero, según precisó el ministerio a AFP.

Gran parte de esta última multa de 57 millones de euros deriva de las irregularidades en la contratación de 7.000 repartidores en Madrid, empleados como trabajadores autónomos cuando debían haber sido considerados como asalariados, según la Inspección de Trabajo.

Además, Glovo fue sancionada por emplear a casi 800 repartidores de nacionalidad extranjera en situación irregular, sin permiso de trabajo, según el Ministerio, inmerso desde hace meses en un pulso con las plataformas de reparto.

"Ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley", aseguró la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, preguntada por los periodistas.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobó en mayo de 2021 una reforma del Estatuto de los Trabajadores para introducir la "presunción de laboralidad" a todos los repartidores que usan aplicaciones como Uber Eats, Glovo o Deliveroo.

Este texto, bautizado como ley Rider, implicaba la contratación de miles de repartidores hasta ahora considerados como "independientes", pero chocó con el rechazo de algunas plataformas, especialmente Glovo, a quien sus críticos acusan de eludir la reforma.

Contactado por AFP, Glovo aseguró que los hechos que de los que le acusa la Inspección de Trabajo son de un periodo "anterior a la entrada en vigor de la conocida como ley Rider" y aseguró que interpondrá un recurso contra la decisión.

"La propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España", añadió la plataforma.

Tras la adopción de la ley Rider, Glovo anunció que contrataría a los repartidores que trabajan en sus supermercados por internet, pero que los repartidores de comida seguirían siendo independientes con un nuevo estatuto que reforzaría su autonomía.

Los dos principales sindicatos españoles, UGT y CCOO, recurrieron entonces a la Inspección de Trabajo.

L. Pchartschoy--BTZ