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Estafa en el surtidor
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Los precios de los combustibles en Alemania se han convertido en un tema político candente. Desde que estalló la guerra en Irán y se cerró temporalmente el Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo se ha disparado. Las cotizaciones del crudo subieron alrededor de un 20 % hasta 84 dólares por barril, y el precio al por mayor del diésel en Rotterdam aumentó 26 céntimos por litro, casi un 50 %. En marzo de 2026 los automovilistas alemanes pagaban de media 2,156 euros por litro de diésel y 2,037 euros por Super E10.
Los arrendatarios de gasolineras señalan que no fijan ellos mismos los precios. El portavoz de su asociación denuncia que las petroleras venden combustible adquirido a bajo precio con márgenes enormes, un comportamiento que califica de «capitalismo depredador». Los arrendatarios no se benefician de este margen extra y, sin embargo, soportan la ira de los clientes. También caen las ventas de las tiendas de conveniencia porque los conductores enfadados no compran nada más.
El gobierno de Friedrich Merz ha reaccionado con un paquete de medidas: las estaciones de servicio sólo podrán subir los precios una vez al día, a las 12 horas, se permitirá bajar los precios en cualquier momento, se liberarán parte de las reservas estatales de petróleo y la autoridad de competencia contará con más competencias. Para la presidenta del SoVD, Michaela Engelmeier, estas medidas son insuficientes; advierte que, sin un tope de precios, los consumidores quedan a merced de las empresas y pide una ayuda específica para los hogares de ingresos bajos y medios. Los políticos del SPD reclaman un tope para evitar que los ciudadanos sean «estafados», mientras que la ministra de Economía, Katherina Reiche, descarta una subvención estatal al combustible.
En las redes sociales se viven debates acalorados. Muchos se sienten explotados por las petroleras y el Estado y cuestionan la competencia del gobierno. Algunos exigen transparencia sobre los márgenes de beneficio y una supervisión más estricta. Otros culpan a décadas de errores políticos, desde la lenta construcción de infraestructuras para vehículos eléctricos y el retraso en la mejora del transporte público hasta una política fiscal que sigue encareciendo los combustibles fósiles.
Las reacciones políticas varían. La CDU se remite a las fuerzas del mercado mundial. La izquierda exige una rápida investigación antimonopolio. Los Verdes y el Ministerio de Medio Ambiente abogan por un cambio hacia los coches eléctricos para reducir la dependencia del petróleo, mientras que el SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) apoya un tope de precios y medidas sociales. A pesar del paquete gubernamental, muchos ciudadanos consideran que Berlín no actúa con suficiente decisión.
La frustración pública ya se ha traducido en protestas. Algunos automovilistas boicotean determinadas marcas, repostan en el extranjero u organizan viajes compartidos. Los medios regionales informan de clientes agresivos que descargan su ira en el personal. La creciente presión podría llevar a una regulación más estricta de las petroleras, alivios fiscales o una estrategia integral para garantizar una movilidad asequible.
